La riqueza colombiana en hidrocarburos y otros recursos naturales no renovables no será tan grande como la de Venezuela, pero aún así es considerable. El año pasado, el Estado colombiano recibió 4,8 billones de pesos (unos 2.400 millones de dólares, equivalentes al 1,5% del PIB) en regalías generadas por la explotación de estos recursos. Colombia produce petróleo, carbón, oro, esmeraldas y otros minerales que le dejan estos dineros al país.
Recientemente comencé a estudiar el tema de las regalías en Colombia, quién las recibe, cómo se gastan y por qué. Lo que descubrí es que el sistema nacional de regalías es uno de los despilfarros más graves con dineros del Estado y, muy posiblemente, un enorme foco de corrupción.
Las regalías se dividen en directas e indirectas. Las directas, que representan la enorme mayoría de las regalías que recibe Colombia, son asignadas directamente a los municipios y departamentos donde se lleva a cabo la explotación y el transporte de los recursos naturales. Las indirectas, aproximadamente el 10% de las regalías totales, son entregadas al Gobierno Central, que las asigna a los municipios y departamentos que presenten proyectos ante el Consejo Nacional de Regalías. El resultado es que una vastísima cantidad de dinero producto de la explotación minera, de gas y petróleo se concentra en unos pocos lugares del país, mientras que los demás tienen que luchar a codazos para hacerse con los restos de esa riqueza.
Sin embargo, habría pocas quejas sobre este sistema si los cuantiosos dineros de las regalías indirectas hubieran servido para entregarle a la población de estos departamentos y municipios una nivel de vida decente, servicios públicos de calidad, infraestructura vial, vivienda, salud y educación. Pero la realidad es distinta. El Casanare recibió en 2008 700 mil millones de pesos (350 millones de dólares) en regalías, lo que equivale casi a 2.000 millones de pesos diarios. Con menos de 300.000 habitantes (menos del 1% de la población colombiana), esto da para que el departamento tenga, de lejos, el PIB per cápita más alto de todo el país (como en efecto, sucede).
Sin embargo, el censo de 2005 encontró que en Casanare aún hay más de un 26% de la población que tiene necesidas básicas (alcantarillado, techo, comida, vestido, etc.) insatisfechas (NBI). Un caso similar y más preocupante es el de La Guajira, que recibió 400.000 millones de pesos (200 millones de dólares) en regalías en 2008. Sin embargo, un 40% de la población tiene NBI. Arauca, otro de los departamentos productores de petróleo más importantes, tiene poco más de 250.000 habitantes, 30% de los cuales tiene NBI. En 2008, Arauca recibió más de 200 mil millones de pesos en regalías.
¿Dónde están esos dineros? Ciertamente no en los bolsillos de los ciudadanos del común.
La situación se vuelve más preocupante cuando se evidencia que los departamentos del país que no reciben regalías podrían beneficiarse muchísimo si pudieran acceder a esos dineros. Departamentos como el Chocó, Caquetá, Vichada, y Guaviare necesitan recursos para luchar contra los altísimos niveles de pobreza que existen en sus jurisdicciones. La situación del Chocó es especialmente dramática. Con casi el doble de la población de Arauca o Casanare, más del 70% de sus habitantes tiene NBI -y sin embargo el departamento recibe en regalías directas por poco más del 1% de lo que recibe el Casanare.
La gráfica muestra esta situación para los 32 departamentos colombianos y el distrito capital.
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Fuente: DANE y Planeación Nacional.
Entre más alto sea el índice de NBI, un mayor porcentaje de la población vive en la pobreza.Aunque no soy fanático del populismo financiado con petróleo, del tipo que se está carcomiendo a Venezuela y propio del Socialismo del siglo XXI, es difícil negar que hay algo muy mal con el sistema de regalías en Colombia. Su repartición es injusta, dejando demasiado en las manos de unos pocos alcaldes y gobernadores que no han utilizado el dinero en beneficio del país y sus habitantes, e impidiéndole a la enorme mayoría poder disfrutar de los frutos de la riqueza mineral que existe en Colombia.
El uso de los dineros, cuando menos es cuestionable. Y aunque esto puede ser culpa de la misma ley de regalías (Ley 756 de 2002) la que establece los proyectos en los cuales se deben gastar esos dineros (15% en fomento a la minería, 30% en preservación del medio ambiente, etc.), la ley sí deja un amplio margen de maniobra a los funcionarios públicos para usar estos recursos en beneficio de la gente (para aumentar coberturas en salud, educación, saneamiento básico, etc.)
Es hora de cambiar este sistema ineficiente y lleno de corrupción. Bien haría la Contraloría en indagar sobre este asunto y ejercer presión sobre el Gobierno Central y los gobiernos departamentales y municipales. Pues ya que les está entrando dinero gratis, producto del azar de la geología, a tan pocos entes territoriales, es hora que lo pongan a trabajar para el beneficio de sus comunidades. Igualmente, es imperativo aumentar el porcentaje de las regalías indirectas, a fin de que el Gobierno Central tenga más recursos de regalías para repartir a los departamentos que no están nadando en petróleo, gas y carbón.
La batalla en el Congreso para cambiar la ley será dura. Los congresistas de los departamentos beneficiarios hoy por hoy lucharán hasta con los dientes para mantener los dineros en sus capitales. Pero es imperativo derrotarlos. No sea que cuando se agote la riqueza petrolífera y minera colombiana, todo lo que quede sean unos pocos políticos millonarios y corruptos y una enorme población desfavorecida que no vio ni un peso de tanta bonanza.